Un estudiante cuenta a su profesora jefe que un adulto lo está maltratando. ¿Qué debe hacer el colegio? ¿A quién avisa primero? ¿Denuncia en 24 horas o espera a investigar? La respuesta debería estar escrita en el reglamento interno de convivencia escolar. En muchos colegios, está escrita mal.
Eso muestra un estudio de la consultora de gestión escolar NÜMA, que revisó los reglamentos de 86 colegios con los mismos 20 contenidos exigidos y los mismos criterios de calidad del texto. El resultado: ninguno cumple el estándar completo, el 30 % no llega a la nota de aprobación y cada reglamento tiene, en promedio, casi 16 problemas graves de redacción.
Los protocolos están, pero mal escritos
La primera sorpresa del estudio es que casi todos los colegios tienen los protocolos que exige la ley. En promedio, los reglamentos regulan el 80,5 % de los contenidos exigidos. El problema aparece al leerlos con detalle: su solidez, que descuenta puntos por cada problema grave, llega apenas a 52 de 100.
Todos los reglamentos revisados tienen al menos ocho hallazgos de prioridad alta, es decir, textos que pueden dejar a un estudiante sin protección o hacer que una sanción grave se caiga ante un reclamo. El 99 % tiene alguno en sus protocolos de protección de estudiantes.
Avisar antes, mediar donde no corresponde
Algunos de los problemas más frecuentes tocan directamente la protección de niños, niñas y adolescentes:
- En el 77 % de los colegios, el reglamento permite la mediación sin excluir los casos de acoso escolar o abuso, en los que un acuerdo entre las partes puede exponer más a la víctima.
- En el 62 %, el texto indica avisar a la familia o al adulto señalado antes de proteger al estudiante o de denunciar.
- En el 59 %, el protocolo de riesgo suicida no tiene una pauta clara, no contempla llamar al SAMU sin esperar a los padres o trata la conducta como una falta.
- En el 56 %, la denuncia se delega en la familia, se condiciona a una investigación previa o queda sin un plazo claro.
Sanciones que se pueden caer
El otro gran grupo de problemas está en las faltas y sanciones. En el 84 % de los colegios hay sanciones automáticas o desproporcionadas, en el 74 % suspensiones sin plazo máximo y en el 66 % faltas abiertas, que no describen con precisión la conducta sancionada. Casi todos los reglamentos (97 %) tienen algún problema en los procedimientos de expulsión o de Aula Segura: plazos, autoridades o avisos distintos a los que exige la ley.
Las leyes nuevas no alcanzan a entrar
Las brechas más grandes están en la normativa reciente. Solo el 5 % de los reglamentos incorpora adecuadamente la Ley 21.809 y apenas el 37 % tiene completo lo exigido por la Ley Karin. Tampoco están al día el Plan Integral de Seguridad Escolar (28 % cumple), los procedimientos de Aula Segura (31 %) ni las salidas pedagógicas (36 %).
Por qué importa
Para una familia, el reglamento interno puede parecer un documento lejano. Pero es lo que define qué hace el colegio cuando su hijo o hija sufre acoso, cuando hay una sospecha de abuso o cuando enfrenta una sanción. Un texto ambiguo significa que cada caso se resuelve con un criterio distinto, y eso se vive como arbitrariedad.
Para los colegios, el riesgo es doble. Un protocolo de protección mal escrito puede retrasar la ayuda a un estudiante. Y una sanción basada en una falta mal definida o en un plazo equivocado puede ser revocada si la familia reclama ante la Superintendencia de Educación.
La fiscalización está activa: según los datos abiertos de la Superintendencia, en 2025 se presentaron 365 denuncias referidas a 105 colegios particulares pagados de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y Colina, el equivalente a 3,9 por cada 1.000 estudiantes.
También pesa sobre los equipos. Los encargados de convivencia deben interpretar documentos de cientos de páginas bajo presión, con el temor de equivocarse y ser cuestionados.
Qué pueden hacer los colegios
El estudio propone partir por lo que más riesgo genera:
- Revisar los protocolos de protección: denunciar sin delegar ni condicionar, no avisar antes al adulto señalado y no mediar en casos de acoso o abuso.
- Asegurar el debido proceso: faltas descritas con precisión, sin sanciones automáticas y con los plazos y autoridades que exige la ley.
- Incorporar las leyes recientes, como la Ley 21.809 y la Ley Karin.
- Actualizar el reglamento cada vez que cambia la normativa, no solo al inicio del año.
- Practicar con casos simulados para comprobar que el equipo sabe aplicarlo.
El estudio en cifras
| Colegios que cumplen los 20 contenidos exigidos | 0 de 86 |
| Nota promedio (escala 1 a 7, 65 % de exigencia) | 4,2 |
| Colegios bajo 4,0 | 30 % |
| Contenidos exigidos cumplidos por completo, en promedio | 13,1 de 20 |
| Hallazgos de prioridad alta por reglamento, en promedio | 15,9 |
| Colegios con hallazgos graves en protección de estudiantes | 99 % |
| Reglamentos que incorporan la Ley 21.809 | 5 % |
Ficha metodológica. NÜMA revisó los reglamentos internos de convivencia escolar y sus anexos publicados por 86 colegios, con información a octubre de 2026. Cada reglamento recibió una nota de 1 a 7, con 65 % de exigencia, que pondera en partes iguales dos dimensiones: si trae los 20 contenidos que exige la normativa con sus piezas mínimas, y la solidez del texto, que descuenta 3 puntos por cada error grave en lo que sí está escrito. Los porcentajes de hallazgos frecuentes se calcularon sobre 87 diagnósticos con 3.620 observaciones. Es un diagnóstico documental: evalúa lo que dicen los reglamentos, no cómo se aplican. El estudio no identifica a ningún colegio. Ver el Estudio NÜMA 2026 completo.